Motivos de la Municipalidad
Tras la clausura y desalojo del lugar, llevado a cabo este domingo, Pablo Testa, secretario legal y administrativo de la Municipalidad de Paraná, se refirió a los motivos por los que se tomó la medida y sostuvo que a partir de ello, se inicia una causa en la Justicia Federal, por el incumplimiento del DNU nacional.
Al respecto, afirmó: “Queremos dejar aclarado que no hacemos más que hacer cumplir ciertas cuestiones, que están establecidas en los protocolos y son las que, le permiten a gran cantidad de otros alumnos y egresados, poder hacer estos eventos y la gran mayoría, las cumple”.
En ese sentido, Testa señaló que “la gente pide la autorización para hacer las recepciones y existen protocolos de habilitación para este tipo de eventos”. Y explicó: “Se pide la habilitación, se resuelve el pedido y se aclara que los eventos tienen una capacidad limitada, como también, se deben respetar todas las medidas sanitarias vigentes”.
Uno de los incumplimientos detectados por los inspectores y que también, se puede apreciar en el video de esta nota, es la cantidad de personas en el local: “En este caso, estaba superada ampliamente, la capacidad para la cual estaba habilitado el lugar”. A su vez, el funcionario puntualizó que la fiesta “estaba habilitada para 200 personas y según los cálculos de la policía, había unas 600 personas”.
Además, sostuvo que los protocolos vigentes no permiten las actividades bailables: “Lo que no está habilitado es la actividad bailable, es decir, que la recepción se transforme en un boliche bailable”.
En referencia a ello, el secretario legal y administrativo de la Municipalidad de Paraná contó: “Cuando llegó la policía y el personal municipal, se pudo apreciar que era un boliche bailable. En la resolución de habilitación del evento, estaba prohibido hacerlo, no se podía bailar”.
El funcionario municipal, sostuvo que hubo cierta resistencia por parte de los concurrentes a la fiesta a dejar ingresar a los inspectores para realizar el control: “Hubo inconvenientes para ingresar al lugar con el motivo de hacer la verificación”.
Asimismo, arguyó que “si bien es una fiesta privada, está regida por la habilitación y debe adecuarse a los controles municipales que se deban hacer, tanto la policía como los agentes municipales”.
En cuanto a las responsabilidades de la infracción, el funcionario municipal explicó que “hay dos tipos: frente al municipio, el responsable es el propietario del lugar y, también, los que muchas veces, piden la habilitación ante la municipalidad, son los padres de los egresados y en este caso, había padres que estaban como responsables del evento”.
Tras el procedimiento y la constatación de infracción, el secretario legal y administrativo de la Municipalidad, explicó cómo se procede: “Se realiza un acta que se deriva al Juzgado de Faltas, que decidirá la multa que se impone (que podría ascender a los 100 mil pesos). Y por otra parte, una copia del acta (de la Municipalidad y de la Policía), se remite a la Justicia Federal”. y agregó que “no es una cuestión que uno paga la multa y se terminó, porque con esas actas, se inicia una causa penal”.
