Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador de Entre Ríos. Los abogados defensores pidieron la prescripción del delito basándose en la extensión de los plazos. La investigación lleva 7 años y medio.
El juez de Garantías a cargo del Juzgado N°4, Julián Vergara, informó que resolverá “lo antes posible” al planteo de prescripción del delito realizado por los abogados defensores de Sergio Urribarri. Anunció que en base al calendario de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) comunicará su decisión a las partes “esta semana o la que viene”.
Lo hizo tras escuchar los argumentos de la defensa a cargo de Raúl Barrandeguy y Calendario Pérez como así también la respuesta de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Todo ocurrió en la audiencia de este lunes en el Salón 2 de la sede de Tribunales.
Los abogados de Urribarri pidieron la prescripción del delito de enriquecimiento ilicito basándose en la extensión de los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). A su vez, criticaron demoras y plazos donde la investigación supuestamente había estado paralizada.
Asimismo, los abogados defensores criticaron la convocatoria de Urribarri a la sede de Tribunales para que declare como imputado formal en la causa, porque la pericia “no estaba terminada”.
Luego de la presentación, la defensa de Urribarri planteó la necesidad de liberar un exhorto a Grecia para que se obtenga información patrimonial respecto a los ingresos de Bruno Urribarri, en sus tiempos como jugador de fútbol profesional.
Desde Fiscalía explicaron que si bien aceptaron el exhorto y plantearon puntos de consulta, la pericia estaba finalizada con anterioridad a eso y que los resultados arrojarían información vinculada al patrimonio de Bruno y no de Sergio Urribarri, por lo cual les parecía prudente citarlo a declaración indagatoria.
“Es contradictorio el planteo de la defensa, porque por un lado nos dicen que elongamos la investigación más de lo que correspondía pero a la vez nos piden que esperemos la información que ellos solicitaron a Grecia sin certeza de cuando la enviarán”, dijo el fiscal Badano.
Los defensores comenzaron su alegato con dureza: “Esta elongación injustificable es demostrativa de que a los fiscales no le interesó el tiempo que transcurrió la investigación. Nosotros consideramos que esta IPP tiene una cantidad de fallas e ineficiencias”.
“Se lo martiriza y humilla a nuestro defendido diciéndole al país que se enriqueció en 9 millones de dólares”, dijeron los abogados de Urribarri. Criticaron la cifra que trascendió de la pericia y aseguraron que en realidad Urribarri hasta el momento no puede justificar alrededor de 500.000 dólares nada más. Incluso, Pérez aseveró que cuando llegue la información de Grecia el patrimonio de Urribarri “va a salir un saldo a favor”.
La elongación de la investigación
La investigación lleva 7 años y medio. Para la defensa excede el plazo razonable mientras que para Fiscalía no. El MPF enumeró una serie de datos respecto a la evidencia recolectada para exponer la complejidad de la investigación y explicó que la doctrina internacional establece que la razonabilidad de los procesos no tienen un criterio genérico sino debe analizarse el caso por caso.
A modo de ejemplo, sólo el trabajo para arribar a los resultados de la pericia contable les llevó a Dumé y Stepanic Pouey unas 180 reuniones de trabajo durante dos años y medio.
En total, durante la investigación se realizaron 10 allanamientos fuera del ámbito de la ciudad de Paraná y casi todos fuera de la provincia (7 en CABA, uno en Buenos Aires, dos en San Salvador). “Al ser actividades extrajurisdiccional las tareas que hay que coordinar son más complejas”, explicaron desde Fiscalía. Además, señalaron que hubo allanamientos que derivaron de lo obtenido en procedimientos previos, por lo cual no se pudieron hacer en simultáneo.
Pero para los fiscales la complejidad no sólo se da en cómo y cuándo se recolecta la prueba sino como se la clasifica y analiza para realizar conclusiones que deriven en la imputación formal. El fiscal Badano aseveró que la documental reunida para esta investigación ocupa una habitación del MPF.
Además, enumeró que hay 16 cajas con documetal y 11 computadoras tan sólo de los allanamientos. La documentación es más amplia ya que cuentan con 9 cajas más de información recolectada por fuera de los allanamientos y 27 libratos en donde clasifican la evidencia.
Además, expresaron que gran parte de la información recolectada es digital y aseguraron: “Hay casi un millón de correos electrónicos, de los cuales 600.000 son de las empresas de Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Martínez”. La causa, además, tiene 5 exhortos internacionales en su haber.
“Lleva mucho tiempo procesar esta información. No se trata de una causa más. Tiene una complejidad particular. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta y no aplicarse el criterio genérico sino evaluar el caso concreto”, agregaron.
Es más, Badano aseguró que si bien se denominó megajuicio a la causa de las imprentas por la que se condenó a Urribarri a 8 años por delitos de corrupción, esta causa por enriquecimiento ilícito tiene más documental recolectada durante la investigación.
“Todo esto sin tener en cuenta de que durante el plazo de la investigación transcurrió la pandemia”, expresó el fiscal respecto al cierre de empresas y/o organismos que demoraron o no respondieron los oficios librados por Fiscalía o el Juzgado.
Destacó que a pesar de la duración de la investigación ninguno de los acusados estuvo bajo arresto preventivo ni sufrió ninguna medida cautelar en su contra.
También argumentó respecto a la importancia de lo que está en juego en la investigación al tratarse de un delito de corrupción como el del enriquecimiento ilicito de una persona que habría cometido las irregularidades mientras era el máximo referente político de la provincia al ejercer como gobernador.
