Informes preliminares hacen suponer que la muerte de Leonardo Quintana fue una autodeterminación. Además se conoció que el joven, cuando estuvo en Paraná, usó una identidad falsa y se fue del hotel sin pagar.
Los informes preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Leonardo Gabriel Quintana, el joven de 22 años cuyo deceso se produjo el viernes 21 en una celda de la Jefatura de Policía de Victoria, apuntan a que se trataría de un suicidio.
Ese es el dato que manejan en la Justicia y que lleva a los investigadores a inclinarse por esa hipótesis y no por el homicidio, como piensan los familiares, que en la mañana del lunes protagonizaron una serie de incidentes que terminó con policías y personas heridas, además de daños a patrulleros.
La familia apunta a la Policía como responsable de la muerte de Quintana. Pero en la Justicia tienen ya elementos como para descartar ese camino. Al respecto, fuentes de la investigación señalaron: “En la autopsia se aplicó el protocolo de Minessota, que es súper estricto para ver si hay lesiones en miembros y órganos, no se encontró nada de eso”.
Además, están las imágenes de las cámaras de la Jefatura que fueron secuestradas minutos después del deceso, y que no darían indicios de la intervención de otra persona.
La muerte de Quintana se produjo el viernes minutos después de que concluyera la audiencia en la que el juez de feria, Juan Eduardo Lloveras, le aplicara 20 días de prisión preventiva por una serie de hechos que desencadenaron en su detención, el martes 18, en Paraná. El muchacho había robado un Ford Focus en Victoria, perteneciente a un agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con la intención de venderlo. A bordo de ese vehículo se trasladó hasta Paraná.
Además Quintana tenía el antecedente de una denuncia por violencia de género y una imputación por desobediencia judicial al no respetar una orden de restricción a su expareja.
La restricción le había sido impuesta el 28 de diciembre por el juez Lloveras. En ese momento, se le impuso “prohibición de acercamiento” a una distancia menor a 200 metros, “por el plazo de 15 días y/o hasta que se contara con el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario”.
Pero Quintana no atendió esa orden: el 30 de diciembre intentó contactar a su expareja por el whatsapp del celular de su hermano; luego, a través del celular de una amiga en común, llamó telefónicamente e intentó hablar con la denunciante, quien cortó la comunicación. Más tarde, decidió dirigirse personalmente al domicilio de su ex, y entonces fue detenido por la Policía.
La situación le generó una nueva imputación, por desobediencia judicial. Ante el juez Lloveras decidió abstenerse de declarar, y luego del trámite, quedó en libertad.
El 14 de enero último, el agente penitenciario Claudio Martínez denunció el robo de su vehículo Ford Focus. La investigación policial realizada en base a imágenes de cámaras de seguridad condujo la investigación hacia Quintana como autor de la sustracción, y así fue que lo detuvieron en la capital entrerriana el martes 18. Ese día, el fiscal David Martín Vechetti le imputó el delito de sustracción y remitió el pedido al juez Lloveras para que le imponga 20 días de prisión preventiva.
Pero antes de ser detenido, Quintana tuvo un raíd en Paraná: el joven se alojó en el Hotel Bristol, en la zona de la terminal, de donde se fue sin pagar la estadía, y luego se alojó en una pensión. En el hotel se registró con una identidad falsa. En medio, se deshizo del Ford Focus, cuyo paradero hasta el momento se desconoce.
La Policía estaba tras sus pasos con una orden de detención por el robo y también por la violación de la prohibición de acercamiento a su expareja. Luego de ser aprehendido, fue trasladado a Victoria.
En ese sentido, cuentan que “en la audiencia ante el juez se pidieron 20 días de prisión preventiva. No es común porque tratamos de evitar las preventivas. Pero en este caso, estaba fugado, violó una orden de restricción, robó un auto que luego descartó y no sabemos qué fin tuvo, y vivía con identidad falsa”.
Luego de esa audiencia, se produjo su deceso en la sede policial, ubicada frente a la Plaza San Martín de las Siete Colinas.
Los familiares de Quintana se entrevistaron con los dos fiscales que tramitan causas en las que estaba involucrado el muchacho: Eduardo Guaita, que tiene a su cargo la causa penal por violencia de género, y Martín Vechetti, que lleva adelante la investigación por el robo del Focus.
En esa reunión, pudieron ver las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la Jefatura de Policía que mostrarían que no hubo intervención de otra persona en el deceso de Quintana. Aunque no entendieron razones.
“Esas imágenes están editadas”, les dijeron a los fiscales, y tras eso el grupo se dirigió hacia la Jefatura de Policía, contigua a la Fiscalía, y comenzaron los incidentes: pintadas y quema de cubiertas, acción esta última que derivó en la respuesta de la Policía y la detención de cuatro personas.
Ahora, en los Tribunales de Victoria, a la causa que investiga la muerte de Quintana, se sumó otra investigación penal contra las cuatro personas que fueron detenidas en los incidentes.
Una de las personas detenidas es Marisa Quintana, tía del joven, la cual había sido denunciada por amenazas por el fallecido.
En ese entonces, a pedido de la fiscal Flavia Villanueva, el juez de Garantías de Victoria, Luis Francisco Marquez Chada, dispuso el 15 de octubre, y por un plazo de sesenta días, “medidas de protección inhibitoria en contra de Marisa Quintana y su hijo” en favor de Leonardo Gabriel Quintana, “debiendo ambos –madre e hijo- abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que perturbe la tranquilidad espiritual del denunciante y su grupo familiar, como así tampoco efectuar comunicaciones telefónicas o por cualquier otro medio telefónico o informático”.
