Fue detenido por secuestrar, golpear y violar a su ex pareja. Luego, le otorgaron la prisión domiciliaria y hostigaba a la víctima. Entonces, la Justicia ordenó que cumpla prisión preventiva en la cárcel. Ahora, nuevamente le conceden la posibilidad de volver a su hogar a la espera del juicio.
Ángel “Taty” Nicolás Rodríguez está acusado de apoderarse de la casa de su ex pareja, de sus pertenencias y de ella misma. Además, se lo acusa de golpearla, de ejercer abusos sexuales graves y amenazarla durante un lapso de 10 meses, tras lo cual la víctima pudo una noche escapar semidesnuda y pedir ayuda.
No obstante, el violento duró poco detenido con vigilancia estricta. Le pusieron una tobillera y lo enviaron a su casa, que dista de la de su víctima por escasos 500 metros. La amenazaba, mandaba a amenazarla, sus amigos apedreaban la casa e incluso intentaron robarle. Todo esto probado por la Policía quien detuvo a los agresores con las manos en la masa y confesaron que la autoría intelectual era de Rodríguez.
Tras esos sucesos, fue puesto en prisión preventiva con cumplimiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Sin embargo, mientras se espera la realización del juicio, ahora la Justicia le concedió al acusado, nuevamente, la posibilidad de cursar una prisión domiciliaria a pesar de los antecedentes y la carga probatoria.
Al respecto, uno de los abogados querellantes en representación de la víctima, Pablo Obeid, explicó: “Rodríguez no quedó en libertad, lo que obtuvo fue una morigeración de las medidas de restricción; donde queda en prisión domiciliaria en vez de la situación en la que estaba, que era prisión preventiva con cumplimiento en la unidad penal”.
Asimismo, indicó que el acusado “tiene prisión domiciliaria con dispositivo electrónico, con dos personas garantes de esa medida de coerción. El lugar es el Bº Paraná V”.
En ese sentido, Obaid señaló que” la jueza que entiende en la causa y que tomó esta medida es la Dra. Paola Firpo, jueza de Garantías. Ella ya había ordenado la prisión preventiva en etapas anteriores y en esta oportunidad entendió que los riesgos procesales estaban suficientemente cubiertos con la morigeración de las restricciones en la medida que lo ordenó”.
A su vez, comentó que “esa morigeración de la medida fue apelada tanto por la acusación pública como por la acusación privada y se está a la espera de la fijación de la audiencia de esa revisión”.
En tanto, el letrado explicó que “antes de la fijación de la fecha para el juicio, lo que tiene que suceder es el acto de elevación a juicio, que es una instancia previa. Esa instancia no ha sucedido, porque todavía no se ha solicitado la elevación a juicio, están pendientes de producción de algunos informes que, una vez realizados, se producirá el pedido de elevación a juicio”.
Por otra parte, aseveró que “la situación de la víctima fue expuesta tanto por la acusación pública como por la privada. La defensa hizo su descargo respecto a esa situación y la jueza respondió entendiendo que se encontraban satisfechas las medidas procesales pertinentes respecto de los riesgos procesales, que es la parte que interesa en estas audiencias”.
En referencia a ello, Obaid consideró: “La jueza resolvió en la forma que resolvió, no obstante, la acusación pública y la privada entendieron que esto no era así y las dos partes apelaron”.
