El multiprocesado y encontrado culpable por enriquecimiento ilícito Daniel Rossi, fue noticia nacional el fin de semana por permitir y asistir a una fiesta donde había 3.000 personas con poco y nulo cuidado ante el Covid-19. La Justicia lo citará a él y a otros funcionarios que asistieron a un evento desquiciado.
En la víspera de la segunda ola de Covid-19, el intendente (por quinta vez) de Santa Elena, el multiprocesado y encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, Daniel Rossi (peronista devenido en vecinalista), no tuvo mejor idea que celebrar con una fiesta a la que concurrieron 3.000 personas, una obra que se realizó en la costanera.
Al estar prohibido tal conglomerado de gente debido a la pandemia que se atraviesa mundialmente y además porque no se respetó ningún protocolo de seguridad al respecto, la noticia tuvo repercusiones a nivel nacional y quizás por ello la Justicia entrerriana citará a funcionarios que estuvieron presentes, pese a que en la nómina figuren pesos pesados dentro del ambiente tribunalicio.
-Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena.
-Sergio Castrillón, diputado provincial por el PJ del departamento La Paz -hermano del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón-.
-Soledad Pucheta, coordinadora de Cultura de Santa Elena, del partido Juntos por Santa Elena.
-Carina Sphan, coordinadora de Turismo de Santa Elena.
-Francisco Rossi, secretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena.
-Martín Bonazzola, secretario de Obras Públicas de Santa Elena.
-Daniel Koch, delegado en Entre Ríos de Vialidad Nacional.
Tanto Daniel Rossi como su esposa, la concejala Patricia Díaz, contrajeron Covid-19 el año pasado. Unos meses antes alcanzaron repercusión mediática porque la mujer rompió la cuarentena llevando el peluquero a su casa. Díaz compartió en Instagram que se había hecho un cambio de look, mientras estaba vigente el decreto que había impuesto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Rossi fue condenado por enriquecimiento ilícito -tras comprobarse el movimiento de sumas millonarias en dólares, en cuentas de bancos uruguayos, en la década del ’90 y casi coincidiendo con la privatización del frigorífico Santa Elena-. Actualmente, junto a su pareja Patricia García, Rossi tienen otros dos procesos judiciales. Uno por cuentas en el Uruguay; y otro por supuesto sobreprecio en el asfaltado de 20 cuadras en Santa Elena, en el marco de un Convenio de Colaboración y Transferencia con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación, en 2015. Esta última causa está elevada a juicio desde el año 2018.
