El gobernador y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmaron el convenio para la implementación del programa. Bordet señaló: “Este acuerdo tiene una importancia clave porque fortalece las políticas de género que venimos desarrollando en la provincia”.
En ese marco, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló: “Esto es sustancial porque no sólo reafirma valores y pensamientos sino que también significa transferencia de recursos para poder desarrollar políticas públicas, que sean efectivas y eficaces, destinadas a aquellas personas que padecen violencia de género; y en esto es fundamental poder trabajar articuladamente entre Nación, provincia y municipios, que son la célula más cercana con la sociedad y donde impactan los casos que puedan producirse”.
Por su parte, Gómez Alcorta especificó: “Desde el comienzo de la gestión venimos trabajando muy cercanamente con el gobierno de Entre Ríos, porque sabemos que no hay posibilidad de llevar adelante políticas públicas que piensen efectivamente en transformar la vida de las mujeres sino lo hacemos de manera federal. Por eso creamos el Consejo Federal, que cuenta con representación de cada una de las provincias, con la máxima responsabilidad en materia de género y donde articulamos y trabajamos los proyectos que llevamos adelante desde Nación, pero también los que se plantean en cada provincia”.
Detalles
En la oportunidad, el gobierno de Entre Ríos rubricó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el convenio marco de cooperación para la implementación en territorio del programa Acompañar. En el mismo documento se estableció la firma del acta complementaria, que se celebró conjuntamente, por la cual quedó designado el Ministerio de Desarrollo Social para articular el programa en la provincia.
Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y se basa en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Tiene como fin promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género a través de un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses consecutivos, a la vez que brinda acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.
