Así lo afirmó ante la decisión del Ejecutivo nacional de extender por 90 días la concesion de la Hidrovía Paraná – Paraguay. También adelantó que esta prórroga deberá extenderse al menos por un año para completar el proceso de licitación. Y aseguró que es “una falacia” sostener que si no se estatiza la concesión el Estado cede el manejo del río a los privados.
El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la decisión presidencial de extender por un plazo de 90 días la concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Al respecto, sostuvo que “si bien el presidente (Alberto Fernández) había afirmado que quería adjudicar el contrato a una empresa emergente del proceso licitatorio al vencimiento de la concesión, lo que ocurrirá este viernes, eso era materialmente imposible. No es posible hacer esa licitación en un plazo tan breve”.
Luego, recordó que para la confección del pliego “se inició un proceso donde hay más de 70 actores entre provincias, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones. Se hicieron y se están haciendo tantas audiencias públicas que era imposible” concluirlo antes del 1° de mayo por lo que “al día de la fecha no tenemos un pliego terminado”.
Asimismo, el fiscal de Estado mencionó que “aún no están terminados los estudios de impacto ambiental y resta que se concrete la reunión del Consejo Federal que se suspendió. Y señaló que aún cuando concluya la redacción de las condiciones de concesión, luego se necesita su aprobación. Recién entonces se pondrá en venta a los interesados, que deberán armar y presentar sus ofertas”.
En ese sentido, explicó que “esos ofrecimientos constarán de dos sobres: uno conteniendo las condiciones técnicas y otro con las económicas que deberán abrirse en forma pública y analizarse”. Por eso, estimó que el proceso en total demandará “un año más, como mínimo”.
Además, Rodríguez Signes consideró que los 90 días de prórroga que estipuló Presidencia con el decreto de hoy no serán suficientes y estimó que Alberto Fernández con este plazo irá “marcando los tiempos” del proceso para que el Ministerio de Transporte concluya los pliegos. En orden a esto, marcó que el deceso de Mario Meoni complicó aún más el proceso: “Antes que nada, hay que definir el Ministro”.
En tanto, consideró que “materialmente, el Estado nacional no tenía otra posibilidad porque no tiene dragas de la envergadura que se necesita para sostener la transitabilidad de la Hidrovía. No se puede estatizar ni darse a otra empresa, porque sería más caro”.
Por otra parte, Rodríguez Signes calificó de “especulaciones” a las teorías sobre los intereses geopolíticos internacionales que entrarían a tallar en el sistema Paraná – Paraguay.
En ese sentido, señaló: “No se está entregando el río a una empresa privada. Esto es un contrato de concesión de obra. El Estado nacional mantiene sus potestades para definir qué sectores del río se puede dragar y hasta qué profundidad. Está la Prefectura Nacional para controlar la navegación fluvial y la Aduana que controla el comercio. La Nación argentina no cede el curso de agua para que se navegue según el privado quiera. Eso es una falacia. Eso no es real”.
A su vez, el fiscal indicó: “Ahora: el contrato actual beneficia al polo oleaginoso de Rosario. De eso no hay dudas. El dragado de 34 pies de profundidad para que ingresen los grandes barcos llegan hasta el puerto de Timbúes que es privado y no hasta Diamante, que es lo que queremos nosotros. Pero eso se puede cambiar por los pliegos no se necesita que la empresa que drague sea estatal”.
