El Poder Ejecutivo adelantó que analizará el pedido de distintos estamentos de la Justicia para que se dé marcha atrás con el otorgamiento de una suma fija a cuenta de la paritaria. No obstante, aclaró que esta solicitud va a perjudicar a los trabajadores de menos recursos.
El Ejecutivo analizará la posibilidad de dar marcha atrás con las sumas fijas otorgadas como adelanto de las paritarias, pedido requerido por el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos.
No obstante, desde el Gobierno realizaron una serie de aclaraciones: “El Decreto 1.634/2020 establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija, determinada conforme el monto del salario nominal de los agentes destinada a beneficiar, de manera proporcional a los agentes públicos de menores ingresos. Se trata de una medida de carácter transitorio y aplicable a los meses de octubre a diciembre y siempre a cuenta de lo que se acuerde en el marco paritario”.
En ese sentido, desde el Ejecutivo, indicaron: “Atento a que el Poder Judicial tiene normas específicas en cuanto a su remuneración, sin perjuicio de ello, y de acuerdo los lineamientos de la política salarial, se decidió incluir a los trabajadores del Poder Judicial que perciban hasta las sumas indicadas, en las mejoras salariales dispuestas. Ya que conforme al art. 10º de la Ley de emergencia Nº 10.806, se encuentra suspendida la aplicación de las cláusulas de aplicación directa de los incrementos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es como la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial benefició a 1.089 trabajadores judiciales”.
Asimismo, acotaron: “Por aplicación de las leyes del régimen remunerativo judicial, desde 2012 a la fecha, el Poder Judicial alcanzó un incremento salarial superior en un 70% al percibido por el resto de la Administración”.
En tanto, desde el gobierno provincial mencionaron: “El incremento de 3.500 pesos que se alega como ‘achatamiento y atentado contra la porcentualidad’ representa el 0,46 por ciento en relación al haber nominal del vocal del STJ que es de 759.732 pesos por mes; o un 0,62 por ciento sobre los haberes de un Juez de primera instancia fijado en 561.529 pesos.
También, sostuvieron que “el Gobierno de la Provincia también reconoce el aporte realizado ante la emergencia sanitaria del Covid por la suma de 20.000.000 de pesos, lo que equivale al 11% del total de los haberes líquidos mensuales de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial”.
Además, explicaron que “en cuanto al costo de la masa salarial del Poder Judicial, es dable aclarar que en el presupuesto 2020 el costo total en personal es del 8,82% y que el presupuesto 2021 prevé una relación porcentual del orden del 8,98%”.
Y, agregaron que “conforme los valores indicados, tan solo el 2,9% del total de agentes del Estado Provincial corresponden al Poder Judicial e insumen un costo promedio del orden del 9% sobre el total de la masa salarial”.
Así, desde el Gobierno provincial consideraron que “no debe perderse de vista que el promedio mensual de la asignación total que percibe el Poder Judicial es del orden de 237.500 pesos, en tanto que en el Escalafón General dicho promedio resulta de 60.060 pesos”.
Por último, subrayaron que “el gobierno de la provincia de Entre Ríos estudiará el requerimiento emitido por el Poder Judicial sin perjuicio de los postulados de la Ley de Emergencia Nº 10.806 sancionada por el Poder Legislativo en cuyo espíritu solidario y proporcional, en el marco de la pandemia, se basa el decreto 1634/2020 MEHF que establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija por los meses de octubre, noviembre y diciembre”.
