Se realizó un encuentro entre el gobernador, el presidente del STJ y otros funcionarios. Analizaron los avances sobre la implementación de los Juicios por Jurados. Además, se analizó el proyecto de ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Durante un encuentro realizado esta mañana, en el Centro Provincial de Convenciones, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), Martín Carbonell, presidieron una reunión en la que se ultimaron los detalles para la puesta en funcionamiento del instituto de Juicio por Jurados, aprobado por la Ley 10746 en noviembre de 2019.
Al término de la reunión, Carbonell expresó que «una vez más participamos en el debate acerca de temas vinculados a los tres poderes Estado, cuestión que debemos priorizar en pos de lograr un mejor funcionamiento en la prestación del servicio de Justicia a la sociedad».
En ese sentido, el magistrado destacó que «el gobernador se interiorizó sobre el avance en la implementación del Juicio por Jurados y se le brindaron detalles al respecto, asimismo la provincia garantizó que en los próximos días se estarán girando al Poder Judicial los fondos para poder llevar adelante, antes de fin de año, los primeros juicios con esta modalidad». Los primeros juicios comenzarían en noviembre.
Asimismo, Carbonell resaltó que se analizaron aspectos vinculados al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, relacionado a la modificación a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Por su parte, la ministra de Seguridad provincial, Rosario Romero dijo que «el tema se viene discutiendo en la Legislatura entrerriana desde 2018 y se cerraría haciéndoles algunas modificaciones. El mismo apunta a consolidar un proceso de avance normativo nacional y que crea un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas en Concordia».
Al respecto, mencionó que «dado el contexto de emergencia existente, no hay posibilidad de establecer la cantidad de cargos que el proyecto original contenía y se va a reducir sensiblemente a la mínima expresión, pero se entiende que la población penal de la costa del Uruguay atendida únicamente por un juez de Ejecución de Gualeguaychú resulta insuficiente. Entonces para evitar que los problemas se acumulen en nuestras cárceles y en la resolución de los temas, se ve con agrado la consolidación de esta nueva norma y un nuevo juzgado de Ejecución».
Por último, Romero dijo también que «hay conflictos a resolver y de vínculo del interno con la Justicia que tenemos la posibilidad con esta nueva ley de mejorar».
