Los acusados recibieron la prisión domiciliaria por la demora en comenzar el juicio. El querrellante reclamó que la estrategia que derivó en el fallo se basa en que el acusado “no poseía $600 para abonar un oficio, pese a que cobra la IFE”. La víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en 2019.
La muerte de Mariela Costen, quien fue asaltada y asesinada de un disparo en la cabeza, cuando regresaba de festejar el Día del Amigo en 2019, sumó este lunes un capítulo que causó indignación en la familia de la víctima.
Los acusados por el crimen, Jacobo Almada y Félix Batalla, recibieron el beneficio de prisión domiciliaria, debido a la dilación de la elevación a juicio, a causa de un trámite pendiente que fue solicitado por la defensa de Almada.
Así lo resolvió el doctor Edgardo Degano, juez de Garantías. De este modo, hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los dos imputados. De esta manera, los acusados continuarán con prisión preventiva pero de cumplimiento domiciliario y al mismo tiempo, se dispuso “para ambos imputados la colocación de dispositivos electrónicos de control, suministrados por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos”.
Al mismo tiempo, se dispuso controles diarios a ambos imputados por parte de efectivos policiales y semanales, por intermedio del Juzgado de Garantías interviniente y/o del Personal que la Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias designe.
¿Cómo se llegó a esa decisión?
Se trata de una prueba informativa solicitada a Facebook. Se trata de un pedido que realizó precisamente uno de los acusados a través de su defensor. Almada había pedido realizar una consulta a los servidores de Facebook, que debe solicitarse a través de una carta documento dirigida a las oficinas locales de la mencionada red social.
Sin embargo, el propio imputado alegó no contar con los aproximadamente $600 que saldría la carta documento, por lo que la consulta aún está pendiente estableciéndose una dilación en el proceso, que aprovechó la propia defensa de los acusados, para reclamar el cambio de lugar del cumplimiento de la preventiva.
El abogado querellante, doctor Jesús Penayo, se mostró indignado por la resolución y las medidas dilatorias que ha interpuesto la defensa de los acusados. Al respecto, señaló: “La familia de Mariela está muy consternada, muy amargada porque el justificativo de la prisión preventiva domiciliaria, es más agraviante aún”, resaltó y explicó que “según la defensa, hay una prueba pendiente que es el diligenciamiento de un oficio a Facebook y desde el año pasado, se sigue discutiendo, quién tiene que realizar el trámite”.
En ese sentido, el abogado remarcó: “La defensa aduce la carencia de recursos económicos de Almada para cubrir el costo del oficio ($600), cuando el imputado, cobra un beneficio del IFE y además, la caución real de la prisión domiciliaria es de 10 mil pesos. Por lo tanto, el imputado, tiene ese dinero para solicitar la domiciliaria, pero no $600 para pagar una carta documento. Con lo cual, para familia, todo esto es inexplicable”.
