El Municipio de Ibicuy había convocado para este jueves a una audiencia pública “para socializar el estudio de impacto ambiental” de una planta de lavado y clasificación de arena para fracking petrolero. Pero la Fundación Cauce junto con otras entidades interpuso un pedido de impugnación urgente por “irregularidad en el proceso” que se haría a través de una transmisión de radio en una FM local. En la presentación se señaló que “estas actividades dañosas claramente no tienen licencia social por parte de la ciudadanía entrerriana”.
El Municipio de Ibicuy convocó a una audiencia pública que permita habilitar el funcionamiento de Cantera El Magrullo, que gestiona la petrolera estatal YPF con sede en esa localidad. En ese sentido, desde las autoridades señalaban que la procesadora “que ya se ha instalado y cuenta con un alto grado de avance de obra, está pensada para el lavado y clasificación de arena para ser usada en el sistema fractura hidráulica para la extracción de combustible no convencional”.
La convocatoria género polémica y la rápida respuesta de la Fundación Cauce, desde donde se ingresó “con carácter de urgente” una impugnación a esta “audiencia pública sobre planta de YPF para procesamiento de arenas silíceas como insumo para fractura hidráulica (fracking)”.
La impugnación a la audiencia
En la misiva, la entidad ecologista planteó que esta instancia “propone legitimar una actividad que no tiene licencia social en la provincia, como tampoco en el municipio de Ibicuy, ya que su objetivo es contribuir a una producción altamente contaminante y prohibida en la localidad y la provincia: la extracción de hidrocarburos a través del método de fractura hidráulica o fracking. Además, por las graves irregularidades que presenta la convocatoria de dicha audiencia y el proceso previo de acceso a la información pública”, se indicó en el escrito.
Es por esto que plantearon que “no debe avanzarse en el proceso de autorización de la actividad de extracción y procesamiento de arenas silíceas”. Entre las consideraciones, Cauce indicó la legislación provincial y municipal anti fracking. También que el estudio de impacto ambiental “no fue correctamente puesto a disposición de la ciudadanía para su adecuado y efectivo estudio y análisis, violando así los principios que inspiran el derecho de acceso a la información pública” y que se no se garantizó el acceso a la información vía digital, dado el aislamiento que rige en todo el país.
Por otro lado, a ONG ambiental señaló que “el área donde desarrollará sus actividades YPF es un área sensible por ser de humedales y se encuentra dentro de un área natural protegida (Ley Provincial 9718). En tiempos donde los humedales están en grave peligro, es urgente que se frenen autorizaciones de actividades extractivas con impacto directo en nuestros humedales”. La presentación solicita “la inmediata suspensión y anulación de la audiencia pública convocada” haciendo una “expresa reserva legal de accionar judicialmente”.
(texto completo de la impugnación Presentación de Impugnación Audiencia)
El apoyo a la impugnación
En ese sentido, el Partido Socialista de Entre Ríos (PS) adhirió a la presentación por considerar que tales prácticas requieren de la participación ciudadana en el debate. Al respecto, Juan Manuel Rossi, referente de ese partido contó: “Apoyamos la impugnación de la Fundación Cauce, como lo acompañó el Partido Gen y demás organizaciones ambientales. Para nosotros es fundamental democratizar todo ese corredor fluvial, que es toda la zona del río Paraná. Y una manera de democratizarlo es hacer parte a la ciudadanía”.
Asimismo, manifestó que “en este caso, entendemos que el intendente y las autoridades locales violaron todos los requisitos mínimos para que se cumpla la licencia social. Es decir, que la gente pueda participar, que tenga toda la información disponible para poder deliberar y opinar y decidir sobre proyectos de esta envergadura que pueden perjudicar ambientalmente a su ciudad y su comunidad”.
Además, Rossi explicó: “Es importante destacar que en Entre Ríos está prohibido el fracking y que eso se está haciendo en una zona de humedales y, asimismo, la Constitución provincial, que es moderna en cuestiones ambientales, prevé toda una de mecanismos de participación y no se cumplió ninguna instancia previa para que se llegue a ese momento”.
Por último, el dirigente expresó: “Nos parece importante que los gobernantes implementen los mecanismos de participación ciudadana vinculantes y el acceso a la información para que la gente pueda tomar decisiones sobre proyectos productivos en los pueden verse afectados tal como lo establece el artículo 84 de nuestra Constitución entrerriana”.
